CESIÓN DE PAGOS ORDENADOS POR LOS TRIBUNALES: ENTRE LA COMERCIALIZACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA PROHIBICIÓN DE LA REGRESIÓN SOCIAL

Resumen

Este artículo examina, desde una perspectiva predominantemente constitucional, el problema de la asignación de pagos ordenados judicialmente (precatorios) con un alto descuento, especialmente aquellos de carácter alimentario, destacando cómo la demora estatal, lejos de representar un mero incumplimiento administrativo, se convierte en un factor estructurador en la violación de la dignidad humana y el nivel mínimo de subsistencia. Con base en un análisis dogmático y hermenéutico, el estudio demuestra que la mercantilización forzosa de estos créditos produce una dinámica de regresión social, reduciendo derechos fundamentales ya reconocidos judicialmente a la condición de activos negociables en un mercado marcado por la asimetría de la información, la vulnerabilidad estructural y la falta de regulación protectora. La investigación también articula contribuciones teóricas de concepciones contemporáneas de justicia, especialmente Rawls, Sen y las teorías críticas, para demostrar que la asignación de pagos ordenados judicialmente, tal como se implementa actualmente, atenta simultáneamente contra la justicia distributiva, procesal y correctiva. Es evidente que, al permitir que los acreedores vulnerables renuncien a una parte sustancial de los créditos vinculados a su subsistencia, el sistema jurídico transfiere tácitamente la carga de la crisis fiscal a quienes menos pueden soportarla, generando distorsiones incompatibles con el régimen constitucional de derechos fundamentales. Se concluye que la conformidad constitucional del sistema de pagos ordenados por los tribunales exige no solo el pago oportuno por parte del Estado, sino también la creación de mecanismos alternativos que garanticen la liquidez sin sacrificar la esencia de los derechos en juego, así como la regulación efectiva del mercado secundario. Por lo tanto, la investigación demuestra que la preservación de la dignidad humana y el nivel mínimo de subsistencia constituyen un límite material insuperable a la plena mercantilización de estos créditos, imponiendo deberes positivos al Estado que no pueden eludirse bajo el pretexto de la autonomía privada.