EXTINCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ANTIECONÓMICOS DE EJECUCIÓN TRIBUTARIA EN EL CONTEXTO DEL MOVIMIENTO DE REJUVENECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL EN BRASIL

Resumen

Este artículo tiene como objetivo investigar si la desestimación de los procedimientos de ejecución tributaria con un valor inferior a R$ 10.000,00 resulta en pérdidas financieras para el tesoro público. Se sitúa en el contexto de la campaña de desjudicialización liderada por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), trabajando bajo la hipótesis de que dicha desestimación, siguiendo los parámetros de la RE 1.355.208 (Tema 1184) del STF (Supremo Tribunal Federal), no implica una reducción en el patrimonio financiero. La metodología es descriptiva, basada en el Análisis Económico del Derecho y el principio constitucional de eficiencia. El Poder Judicial brasileño enfrenta una acumulación de más de 79 millones de casos, siendo los procedimientos de ejecución tributaria un factor central en las demoras, representando el 34% del total de casos pendientes y con un costo unitario promedio estimado de R$ 9.277,00. Este estudio analiza el caso 1184 del Supremo Tribunal Federal (STF), que legitimó la desestimación de los procedimientos de ejecución de escasa cuantía por falta de legitimación activa, con base en los principios de eficiencia, razonabilidad y proporcionalidad. La decisión condicionó la interposición de la demanda a un intento previo de resolución administrativa y a la protesta del título. Posteriormente, la Resolución CNJ n.º 547/2024 implementó la medida, dirigida a los casos (menos de R$ 10.000) sin actividad útil durante más de un año (sin citación) o sin bienes embargables localizados (con citación). Se argumenta que la desestimación no causa perjuicio, ya que no se extingue el crédito fiscal, sino solo el proceso. La medida revitaliza el poder de autoprotección de la Administración, impulsando los métodos extrajudiciales que demuestran ser más eficaces: datos de la PGFN (Procuraduría General de la República para el Tesoro Nacional) indican tasas de recuperación por protesta del 19,2%, en comparación con el 1% al 2% por vía judicial. Se concluye que el modelo es más ventajoso, eficiente e integra la recaudación administrativa en el sistema multipuertas.