LA LENGUA PORTUGUESA EN EL SISTEMA JURÍDICO: HERMENÉUTICA, JERGA Y LATÍN
DOI:
https://doi.org/10.56238/revgeov16n4-074Palabras clave:
Lengua Portuguesa, Hermenéutica, Jerga Jurídica, Sistema Jurídico, InterpretaciónResumen
Este artículo analiza la importancia crucial de la lengua portuguesa para la integridad, eficacia y legitimidad del sistema jurídico brasileño, partiendo de la premisa de que el derecho es, en esencia, una construcción lingüística. El objetivo central es demostrar cómo el dominio de las normas estándar y la interpretación precisa del lenguaje jurídico son imperativos para la realización de los principios de seguridad jurídica, igualdad y acceso a la justicia. La investigación, de carácter cualitativo y bibliográfico, se basa en autores como Gadamer (2008), Streck (2011) y Marcuschi (2001), así como en el análisis crítico de disposiciones constitucionales, decisiones judiciales y doctrina nacional. Este enfoque reveló que la vaguedad, la ambigüedad y la persistencia de un lenguaje jurídico arcaico constituyen obstáculos para la eficacia del derecho, actuando como barreras para su comprensión y acceso para el ciudadano común. El análisis reveló que el lenguaje no se limita a un instrumento formal de comunicación normativa, sino que es una condición constitutiva del propio fenómeno jurídico, ya que una norma solo existe cuando se expresa en palabras. En este sentido, la hermenéutica jurídica se presenta como un campo esencial para mediar la relación entre el texto y la realidad, requiriendo sensibilidad lingüística y rigor interpretativo. De igual manera, el estudio de la jerga técnica reveló su naturaleza ambivalente: si bien, por un lado, garantiza la precisión conceptual, por otro, cuando se usa excesivamente y fuera de contexto, distancia el derecho de la sociedad. Se concluye que invertir en un lenguaje jurídico claro, preciso y accesible no es solo una cuestión de estilo, sino un requisito fundamental para la implementación de la justicia y la consolidación del Estado Democrático de Derecho. La democratización del lenguaje jurídico, por lo tanto, debe considerarse una condición necesaria para la plena ciudadanía y para la reducción de las asimetrías de poder en la esfera social.
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Referencias
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