LA (IN)APLICABILIDAD AUTOMÁTICA DEL CÓDIGO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR PARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN CASO DE FUGAS DE DATOS PERSONALES EN BRASIL

Resumen

El presente artículo analiza la naturaleza de la responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico brasileño en los casos de filtración de datos personales, con especial énfasis en la controversia sobre la aplicabilidad automática del Código de Defensa del Consumidor frente a las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales. Partiendo del contexto de la sociedad de la información y del aumento significativo de los incidentes de seguridad en el entorno digital, se examina el régimen jurídico establecido por la LGPD, especialmente en lo que se refiere a los agentes de tratamiento, las obligaciones de seguridad y los supuestos de responsabilidad civil previstos en los artículos 42 a 45. A continuación, se investiga la incidencia del microsistema consumista en los casos de fuga de datos personales, a partir de la conceptualización de consumidor y proveedor, de la adopción de la teoría del riesgo de la empresa y de las excepciones legales aptas para romper el nexo causal. La investigación adopta un enfoque cualitativo, de naturaleza teórico-dogmática, bajo el prisma del método deductivo, basándose en el análisis legislativo, doctrinal y jurisprudencial. En el campo jurisprudencial, se examinan las decisiones de los tribunales estatales y del Tribunal Superior de Justicia, poniendo de manifiesto la falta de uniformidad en cuanto a la configuración de la responsabilidad civil, la exigencia de prueba del daño y la caracterización del daño moral presunto, sobre todo ante la distinción entre datos personales comunes y sensibles. En definitiva, se concluye que la aplicación del Código de Defensa del Consumidor a los casos de fuga de datos personales no debe producirse de forma automática, sino que debe ir precedida de la verificación concreta de la existencia de una relación de consumo, en lectura sistemática y complementaria con la LGPD, a fin de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los titulares de los datos, sin menoscabar la autonomía normativa del régimen de protección de datos personales.